El sistema de notificación de multas en España dista mucho de ser perfecto y en pleno siglo XXI el papel sigue teniendo un papel (valga la redundancia) fundamental cuando el mundo ha completado prácticamente la transición al entorno digital. Por ello mismo, el Defensor del Pueblo ha dado un buen tirón de orejas a la Dirección General de Tráfico (DGT) durante la publicación de sus memorias de 2024, donde ha subrayado su petición al ente para digitalizar de forma completa los procesos sancionadores en las carreteras del país.
Aunque se trata de una recomendación, el organismo insta a la DGT a tomar las medidas necesarias para que todos los expedientes sancionadores puedan ser consultados íntegramente por los interesados en internet. El Defensor recuerda que “todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria”, según indica el artículo 42.1 de la Ley 39/2015 que regula el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La reclamación del Defensor del Pueblo, que también incluía la recomendación de desvincular la exigencia de darse de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV) para acceder al contenido de los expedientes sancionadores y eliminar de la obligatoriedad de darse de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV) para la descarga de la app miDGT no ha tenido por ahora respuesta por parte de Tráfico.
En otra disposición adicional, el Defensor recordó a la DGT algunos de sus deberes legales para con los ciudadanos después de comprobar que ciertos expedientes sancionadores resoluciones “modelo”, válidas para cualquier expediente del mismo tipo. “El artículo 41.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que el derecho a una buena Administración incluye, en particular, la obligación de motivar sus decisiones”, especifica el ente.
“Las resoluciones administrativas deben contener no solo los fundamentos jurídicos que las sustentan, sino que también deben explicar de forma clara y comprensible las razones o criterios que se han tenido en cuenta en el supuesto individual a que se refieren”, añade.
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La medida que exige el Defensor del Pueblo pretende, en definitiva, modernizar el sistema de notificaciones y evitar los problemas asociados a la entrega de multas en papel, desde extravíos hasta retrasos. La digitalización del proceso, además, promete facilitar la gestión de sanciones y reducir la carga administrativa tanto para los conductores como las autoridades.
La adaptación a las nuevas tecnologías, además, permitirá a los ciudadanos obtener una mayor transparencia en las consulta de multas de tráfico de aquí en adelante, además de suponer un paso hacia adelante en términos de impacto medioambiental del proceso si se termina logrando la eliminación del papel para imponer y comunicar sanciones.
