La votación reciente de la Asamblea Nacional en Francia, que decidió suprimir la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el país, vuelve a animar el debate sobre la implantación de esta normativa en España, donde el Gobierno sigue apretando para su aplicación efectiva a lo largo y ancho del territorio a pesar de las dificultades de distinta índole que los municipios están encontrando a la hora de iniciar su puesta en marcha definitiva y efectiva.
La negativa generalizada en Francia, donde los diputados consideraron discriminatoria la medida, vuelve animar los movimiento contrarios a un reglamento centrado en la mejora de la calidad ambiental y la generación de emisiones contaminantes en los grandes núcleos urbanos. Más de 160 ciudades españolas, por ley, deberían implantar desde 2023 las ZBE, pero apenas un tercio del total ha podido hacerlo de forma vigente y efectiva.
Por el camino, además, los ayuntamientos se han ido topando con distintas sentencias judiciales que han frenado la implantación y el reparto efectivo de multas por saltarse la normativa en ciudades como Madrid, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Badajoz o Granada, donde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de aceptar el recurso a la implantación de la medida presentado por el grupo municipal de Vox.
Además de la batalla política, la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en España ha topado hasta ahora con la resistencia de agrupaciones vecinales, asociaciones y clubes automovilísticos. La crítica social también ha ejercido fuerte presión en ciertos puntos. La iniciativa francesa que ha tumbado esta medida de forma generalizada ya ha hecho plantear en el seno de algunos grupos parlamentarios la posibilidad de llevar al Congres de los Diputados una votación para anular de forma generalizada la normativa.
“Yo creo que se producirá un efecto carambola”, opinaba hace unos días Pedro Martínez de Artola, presidente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN). “Es una cuestión fundamental de discriminación de derechos ciudadanos y libertad”, añadía ante los recursos también interpuestos contra las prohibiciones de circulación por la ZBE en Bilbao y San Sebastián. Él mismo apuntaba a las dos vías más probables: o la política o la judicial. Su conclusión fue contundente: “Las ZBE tienen los días contados”.
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El año pasado, en la XXII edición del Encuentro Ciudadano con la Movilidad, varios miembros del sector quisieron subrayar un mal entendimiento de la imposición de las ZBE en España. Según el letrado Francisco López Lera, “la directiva europea establece una serie de recomendaciones y principios, pero no imposiciones” en el tema de restricción del acceso a ciertos vehículos a las ciudades.
Las Zonas de Bajas Emisiones deben basarse en planes de calidad del aire donde se indique bajo criterios reales y científicos la necesidad de implantar este tipo de zonas de restricción a la circulación de los vehículos más contaminantes.
La abolición generalizada de la medida en Francia, puede suponer un gasto de 3.000 millones de euros al ejecutivo del país vecino.
