Los fabricantes de motocicletas están dispuesto a poner la inversión y las horas para mejorar la seguridad vial de los motoristas, pero reivindica que no pueden ni deben hacerlo solos. “La mayor seguridad se consigue con la harmonización de normativas técnicas, pero también con el impulso de políticas más inclusivas para la moto”, reivindicaba Katalin Dobranszky-Bartus, secretaria general de la Asociación Internacional de Fabricantes de Motocicletas (IMMA), durante su intervención en la Conferencia Internacional Motorcycle Safe Mobility celebrada hace un par de semanas en Zaragoza.
La representante de la industria recordó que no se puede regular pensando que las motos son iguales que el resto de vehículos, pidiendo cubrir sus necesidades específicas: estabilidad, visibilidad, frenada y sensibilidad a la superficie de la carretera, además de la evidente exposición de los conductores, entre otros elementos fundamentales.
La IMMA pide ver a las motos incluidas en los planes de movilidad, algo poco habitual en la mayoría de países del mundo. Piden además no usar una idea genérica para pintar el panorama completo de los riesgos de seguridad vial entre los motoristas.
“Hay que mantener bien las infraestructuras y apuntar bien cómo y dónde mejorarlas”, señalaba Dobranskzy, que también subrayó la importancia de mejorar la formación de conductores y la educación vial de los ciudadanos. “Estamos comprometidos con investigar y desarrollar tecnologías más seguras. Pero la tecnología por sí sola no servirá para nada. Debe trabajar con todo lo anterior para poder funcionar”, concluía la ejecutiva.
Katalin Dobranszky-Bartus, secretaria general de la IMMACedida
Valeria Motta Armijo, asesora del Fondo de Seguridad Vial de las Naciones Unidas (UNRSF), que desde 2018 ha colaborado en políticas de mejora de la movilidad y la seguridad en la carretera con más de 100 países del mundo, abrió la segunda jornada de conferencias en Zaragoza compartiendo varias iniciativas concretas del organismo.
Los ejes de la política de Naciones Unidas para abordar los retos de los vehículos de dos y tres ruedas con un enfoque integral son: la creación de infraestructura más segura, entornos de menor velocidad, el impulso de cascos certificados, mayor protección del conductor, además de un refuerzo de la educación y formación.
“La movilidad, además de segura, debe ser asequible y accesible. Son desafíos que encontramos, especialmente, en países de ingresos bajos o medios”, defendía esta especialista.
Valeria Motta, del UNRSF, durante su intervenciónAnesdor / Youtube
En Ruanda, por ejemplo, había un uso muy alto del casco, pero había un problema concreto: no se usaban modelos homologados y estos no pasaban los estándares mínimos de seguridad, que establece el reglamento ONU 22-05 (ahora 06 también). En Túnez, las motos pasaron a representar del 21 al 31% de las muertes en apenas un lustro. En Tailandia, un 74% de los fallecidos por accidentes de tráfico son motoristas.
En América Latina, las muertes de usuarios de motocicleta se han incrementado un 140% en cuestión de tres décadas. En Pakistán, el 80% de vehículos son motos, y sus usuarios suman el 40% de las muertes. En Nepal, otro proyecto se fija en la especial mortalidad motera de jóvenes, la principal causa de fallecimiento de chavales de 15 a 19 años en ese país.
“El fondo de Naciones Unidos es pequeño, que varía y suele moverse en cuatro millones de dólares al año. Queremos ser un catalizador, ayudar a fortalecer los proyectos en cualquier país”, concluía la experta de las Naciones Unidas, que invitó a cualquier persona de la industria a presentar proyectos e iniciativas al fondo de seguridad vial del ente, abierto anualmente a nuevas propuestas, especialmente aquellas enfocadas en países o territorios concretos con problemáticas conjuntas.
