La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal de la que formaban parte empresas catalanas que introducía combustible adulterado en gasolineras low cost de Murcia, Levante y Almería para eludir los controles y evadir el pago de impuestos.
Según la Guardia Civil, en el marco de esta operación, denominada “Tenk”, fueron detenidas 18 personas e investigadas otras 14, a la vez que se ha vinculado a 40 empresas con el entramado criminal.
La investigación se inició en 2023, a raíz de las quejas de vecinos de la pedanía de La Hoya del Campo, perteneciente al municipio de Abarán (Murcia), por el continuo trasiego de camiones cisterna. Los agentes investigaron las denuncias y encontraron un gasocentro irregular, en cuyo interior había más de 70.000 litros de gasóleo, junto con maquinaria y depósitos.
Los agentes averiguaron que este combustible, conocido como designer fuel (combustible de diseño), era una mezcla de gasóleo y otros componentes añadidos para modificar las características físicas del compuesto original y evitar el pago de impuestos. Además, se encontró una sustancia conocida como triacetina, un producto que no cumple las especificaciones establecidas para el gasóleo de automoción.
El destino final de este combustible modificado eran estaciones de servicio low cost de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia, donde encontraron indicios que les llevaron hasta otros dos gasocentros irregulares en los municipios de Abanilla (Murcia) y Silla (Valencia).
La investigación determinó que estos carburantes adulterados provenían de Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania, entre otros países y que los cargamentos eran declarados como aceites y lubricantes y no como gasóleo, para eludir los controles para la circulación de productos sujetos al Impuesto Especial de Hidrocarburos en la UE, así como el devengo del Impuesto Especial, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades.
Los gases emitidos por este combustible en su combustión pueden suponer una amenaza para el medio ambiente y la salud pública. Su almacenamiento irregular también genera riesgos de vertido y pueden causar un perjuicio al consumidor final, por posibles daños en los motores de los vehículos particulares.
La investigación, desarrollada durante dos años, ha permitido identificar a los distintos miembros del entramado delictivo y las mercantiles “fantasma” con las que operaban.
Algunos de los supuestos empresarios serían “testaferros”, cedían sus datos para la creación de empresas y cuentas bancarias. Entre estos falsos empresarios había ucranianos, letones, franceses y españoles.
Durante la investigación, un total de 40 empresas asentadas en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Girona, Lleida y Tarragona han sido relacionadas con el entramado delictivo. En el curso de la operación, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores del Área de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia han inspeccionado un total de once estaciones de servicio y empresas.
Hasta el momento, dieciocho personas han sido detenidas y otras catorce han resultado investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la Seguridad Vial y de pertenencia a organización criminal.
Destaca la imputación de uno de los conductores de los camiones por 26 delitos contra la seguridad vial, por conducir vehículos con mercancías peligrosas careciendo de permiso de conducción en vigor.
