Cuidado por dónde te metes con la moto: multas de hasta 6.000 euros por rodar en zonas naturales protegidas en España

Cuidado por dónde te metes con la moto: multas de hasta 6.000 euros por rodar en zonas naturales protegidas en España

Meterse por donde no toca en según que sitios puede costar muy caro. Así lo ilustran las últimas denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, que ha identificado a los conductores y responsables de varias empresas dedicadas a la organización y promoción de rutas en motos de motocross por zonas no autorizadas de Fuerteventura.

Según informa la Guardia Civil a través de un comunicado, estas actividades se desarrollaban supuestamente en áreas sometidas a restricciones y cierres preventivos temporales establecidos por la administración insular competente, debido a su elevado valor ecológico y con el fin de garantizar la protección de las aves durante su periodo de reproducción.

Entre los lugares afectados se encontraban áreas catalogadas como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), espacios que cuentan con un elevado nivel de protección ambiental.

Como resultado de las investigaciones y de los servicios de vigilancia realizados, los agentes lograron identificar a los responsables de las actividades investigadas.

Asimismo, se constató que las empresas ofertaban paquetes turísticos que incluían alojamiento y rutas con vehículos a motor por espacios naturales protegidos, careciendo además de la documentación y de las autorizaciones preceptivas para el desarrollo de actividades de ocio y turismo activo en Canarias, según la nota.

Por estos hechos, se procedió a la formulación de las correspondientes denuncias administrativas por presuntas infracciones a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que podrían conllevar sanciones económicas comprendidas entre los 600 y los 6.000 euros.

Del mismo modo, también se formularon denuncias por posibles infracciones a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, cuyas sanciones podrían alcanzar importes de entre 1.500 y 300.000 euros.