El importe fijo y universal de las multas de tráfico en España podría cambiar más pronto que tarde para dar paso a un sistema sancionador progresivo. Este cambio, una propuesta que acaba de lanzar el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados, se tendrá que estudiar y debatir en la cámara de representantes e implicaría el pago de multas distintas según los ingresos de los infractores, un sistema que se asemejaría a los de países como Suiza, Suecia o Finlandia.
Los distintos partidos de las cortes deberán ahora estudiar y discutir una propuesta que se cuela en la agenda política por primera vez de forma oficial. El texto de la iniciativa presentada por Sumar incluye multas que podrían encarecerse hasta un 500% para aquellos infractores con ingresos superiores a los 100.000 euros. “No puede ser que para algunos una multa les arruine el mes y para otros sea calderilla”, comentaba Enrique Santiago, portavoz del grupo que presentó la proposición de ley el pasado viernes. La propuesta incluiría también rebajas de la cuantía de las multas de tráfico para las personas con unos ingresos equivalentes o inferiores a 2,5 veces el salario mínimo vigente en el país.
La idea gira entorno a una modificación del artículo 81 de la Ley de Tráfico para establecer estos nuevos parámetros en consideración de los ingresos de los infractores. La ponderación del monto de las sanciones económicas se incrementaría de la siguiente forma: en un 150% para los que declaren ingresos brutos anuales de entre 70.000 y 85.000 euros; en un 300% para los de entre 85.000 y 100.000 euros, y en un 500% para los que superen los 100.000.
Las reducciones serían del 30% para aquellos conductores que acrediten ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo, y de un 15% para los que se sitúen entre 1,5 y 2,5 veces de esa renta mínima establecida. Para poder proceder con la iniciativa, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social deberían suministrar a las autoridades de Tráfico los datos necesarios para aplicar estos criterios de nuevo cuño.
“Ajustando la cuantía de las multas a la renta mejoraremos la seguridad de nuestras calles y nuestras carreteras. Es la única forma en que la amenaza de la sanción sirva para disuadir a todas y todos los conductores, sean ricos o no”, detallaba Santiago al justificar la medida propuesta. “Hay un principio en el ámbito europeo que es que los ricos no pueden comprar el derecho a violar o saltarse la ley. Conocerán situaciones de influencers que se graban a 180 kilómetros por hora haciendo ostentación”, añadía.
Según Sumar, varios responsables de la Dirección General de Tráfico (DGT) han hecho peticiones en este sentido en el pasado, un hecho que ilustra la alineación entre la propuesta y la voluntad de las autoridades encargadas de velar por la seguridad vial en las carreteras de España.
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La disposición adicional a la propuesta habilita al Gobierno para elaborar un informe de viabilidad para la aplicación de las progresividad en las sanciones de tráfico según el umbral de renta de los infractores en un plazo de seis meses. Esto señala que en el último trimestre de 2025, las multas según ingresos en España podrían ser una realidad fehaciente. El melón acaba de abrirse, y difícilmente se cerrará sin una buena discusión primero.
