La Dirección General de Tráfico (DGT) investiga la vandalización de siete radares en carreteras convencionales de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, unos daños valorados en casi medio millón de euros.
Tráfico ha denunciado en las correspondientes unidades de la Guardia Civil estos hechos para que se localice a los autores de la vandalización y emprender así acciones legales contra ellos.
La vandalización de radares es constitutiva de un delito de daños tipificado en el Código Penal en sus artículos 263 a 267, que refieren una serie de acciones que provocan un menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio, según recuerda la DGT en un comunicado.
Concretamente, el artículo 263.2 establece un tipo agravado del delito de daños que prevé penas de prisión de uno a tres años y multas de hasta 24 meses según cada caso.
“Estos actos vandálicos, además del delito en sí mismo de atentar contra un bien público, afectan también a la seguridad vial que es el fin último que persiguen los puntos de control de velocidad que están ubicados por toda la geografía española”, recalca la DGT.
Los autores de los hechos deberán también responder por el coste económico de cada punto de control que, en el caso de los radares fijos asciende a unos 67.000 euros y en el de los de tramo a unos 66.000 euros. El valor de los siete radares inutilizados, pues, se acerca al medio millón de euros en este caso.
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Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como los de Seguridad Ciudadana reforzarán la vigilancia en los puntos en los que están instalados los radares para evitar que se produzcan este tipo de actos.
Además, se han colocado cámaras de vigilancia en los mismos directamente conectadas con los Centros de Gestión de la DGT con el fin de detectar posibles sabotajes y permitir la actuación inmediata de las patrullas de la Guardia Civil.
Según los datos especializados en esta materia, se estima que entre el 10 y el 15% de todos los accidentes de tráfico y el 30% de los siniestros viales mortales son el resultado directo de una velocidad excesiva o inapropiada.
