La ciudad de Delhi, la cuarta más poblada del planeta según la ONU con más de 30 millones de habitantes, ha dado un paso decisivo hacia la electrificación del transporte urbano. El gobierno local ha presentado un borrador de su nueva política de vehículos eléctricos (EV Policy 2026-2030), que contempla prohibir la matriculación de motocicletas y scooters de gasolina a partir de abril de 2028. Si se aprueba definitivamente, solo podrán registrarse vehículos de dos ruedas eléctricos en la capital india desde ese momento.
La medida forma parte de una estrategia más amplia para combatir la grave contaminación del aire en Delhi, donde las motos de combustión representan cerca del 68% del parque móvil. El plan incluye además la prohibición de nuevos triciclos de combustión desde 2027 y un paquete de incentivos para acelerar la adopción de vehículos eléctricos, como exenciones fiscales y subvenciones directas a la compra.
El enfoque es progresivo: primero se limita el acceso de vehículos de combustión en flotas comerciales y servicios de reparto, y posteriormente se extiende a los usuarios particulares. También se contempla ampliar la red de recarga y fomentar el reciclaje de baterías, elementos clave para sostener la transición energética.
Delhi no está sola en esta tendencia. Otras grandes ciudades asiáticas, como Hanói, han planteado restricciones similares a las motocicletas de gasolina en el centro urbano, mientras que Tokio estudia endurecer los estándares de emisiones y acelerar la electrificación del transporte ligero, prohibiendo la venta y matriculación de motos de combustión en toda la ciudad. Estas iniciativas reflejan una presión creciente sobre los gobiernos locales para reducir la contaminación y cumplir objetivos climáticos internacionales.
El caso de Delhi es especialmente relevante por el peso de las motocicletas en la movilidad diaria y por su impacto social: millones de ciudadanos dependen de estos vehículos por su bajo coste. Por ello, el éxito del plan dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para garantizar alternativas asequibles, infraestructura suficiente y estabilidad regulatoria.
En conjunto, la propuesta señala una vez más un posible punto de inflexión en el mercado global de las dos ruedas, anticipando un cambio estructural hacia la movilidad eléctrica en algunas de las ciudades más pobladas del mundo, mercados donde curiosamente se acumulan la mayoría de fábricas de este tipo de vehículos.
