La Comisión Europea (CE) ha propuesto relajar el veto previsto para 2035 a la venta de nuevos vehículos que emitan CO2, como parte de un amplio paquete destinado a reforzar la competitividad de la industria automovilística europea y que ha sido criticado por organizaciones ecologistas. La industria de la motocicleta no estaba afectada en un primer momento por dicho esquema.
La marcha atrás que plantea la CE, y que debe ser respaldada por los estados miembros y el Parlamento Europeo, llega en un contexto de desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos, retrasos tecnológicos y creciente presión internacional, especialmente desde China y Estados Unidos.
El núcleo de la propuesta consiste en flexibilizar los objetivos de emisiones para los fabricantes, y en particular, apuesta por compensar un 10% del volumen total de CO2 emitido por las flotas nuevas en 2035 mediante reducciones previas a lo largo de la cadena de valor.
Para beneficiarse de este margen, las empresas deberán obtener “créditos” vinculados al uso de acero bajo en carbono producido en Europa, así como al empleo de biocombustibles y combustibles sintéticos.
Además, Bruselas abre la puerta a que determinados híbridos enchufables y vehículos eléctricos con motor de combustión como generador sigan comercializándose a partir de 2035, en línea con el principio de neutralidad tecnológica defendido por el ejecutivo comunitario.
La Comisión plantea asimismo repetir el esquema de prórrogas ya aplicado en el pasado: tras haber concedido más tiempo para cumplir los objetivos de 2025, propone ahora un periodo de flexibilidad entre 2030 y 2032, seguido de una revisión de la legislación para evaluar su adecuación a los objetivos climáticos y económicos.
En paralelo, se revisan los objetivos de reducción de emisiones para otros segmentos: las furgonetas deberán reducir un 40% sus emisiones en 2030 respecto a 2021 (frente al 50% previsto), y los camiones dispondrán de márgenes adicionales de flexibilidad.
El paquete incorpora medidas orientadas a estimular la demanda, en particular a través de una directiva sobre flotas profesionales (responsables de alrededor del 60% de las compras de coches nuevos en la UE) con objetivos vinculantes por Estado miembro para empresas de gran tamaño. La iniciativa busca también dinamizar el mercado de segunda mano de eléctricos.
Las propuestas han suscitado fuertes críticas de organizaciones ecologistas y de seguridad vial. Greenpeace y el Consejo Internacional sobre el Transporte Limpio advierten de que la relajación de las normas de CO2 puede retrasar la transición hacia la electromovilidad, generar confusión tecnológica y debilitar la posición global de Europa.
También el Consejo Europeo por la Seguridad en el Transporte ha expresado preocupación por la posible congelación de requisitos de seguridad durante una década para los nuevos vehículos pequeños.
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en cambio, dio la bienvenida a unas propuestas “que reconocen acertadamente la necesidad de mayor flexibilidad y neutralidad tecnológica para que la transición ecológica sea un éxito”.
