La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible -del que depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos-, con el apoyo del llamado bloque de investidura (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG) y el PP y Vox en contra.
Considerada una ley imprescindible para modernizar la movilidad en España y luchar contra el cambio climático, esta norma da así un nuevo paso en su tramitación, que empezó hace casi tres años, en la pasada legislatura, y que depende de los votos de Podemos para su ratificación en el pleno.
La ley, en resumen, busca descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público.
Durante el debate, el PSOE ha dicho que el texto es fruto del diálogo en torno a las casi 800 enmiendas presentadas por los grupos, de las que se han incorporado algunas para reforzar la financiación estable del transporte público, garantizar la participación de las comunidades autónomas y entidades locales en la planificación y enriquecer el texto en materia de digitalización, seguridad vial y accesibilidad universal.
La socialista Cristina López Zamora ha destacado también que esta ley permitirá que España cumpla con sus compromisos europeos en sostenibilidad y transición energética y ha subrayado que incluye una disposición que “desmonta el bulo del PP de que el nuevo mapa concesional iba dejar sin autobuses a miles de pueblos en España”.
A ese respecto, la disposición transitoria segunda establece que el nuevo mapa incluirá todos los servicios de transporte público estatal y que, si algún recorrido pasa a ser de competencia autonómica, la comunidad podrá asumirlo como servicio propio con el apoyo financiero del Ministerio de Transportes para garantizar que se mantenga.
Críticas por la “imposición” de las ZBE
La diputada del PP Ana Martínez Labella ha replicado que esta ley es un “parche apresurado para contentar a Bruselas” y ha recordado que el “gran handicap” para su grupo es lo relativo al mapa concesional de autobuses.
A su juicio, el texto aprobado no “blinda” la eliminación de paradas ni la financiación y es “poco ambicioso”, “impreciso”, “insuficiente” e “inútil para la realidad del país”.
También Carina Mejías (Vox) lo ha considerado una “oportunidad perdida para modernizar el transporte y garantizar su financiación”, además de una ley “dogmática, ideológica, dependiente de la imposición de las élites de Bruselas, que criminaliza el uso del coche privado, e impone las zonas de bajas emisiones, que atentan contra las rentas más bajas”.
Ambición climática
Los grupos de izquierdas han asegurado que el texto aprobado tiene, gracias a sus aportaciones, mayor “ambición climática” que el remitido por el Gobierno. Sumar ha impedido con sus enmiendas la liberalización del sector del autobús y la inclusión del gas licuado como alternativa viable y de corto plazo para la descarbonización del transporte.
También ha conseguido que recoja la posibilidad de terminar con los vuelos cortos donde haya alternativa en ferrocarril, de recuperar los trenes nocturnos, de primar el componente medioambiental y social sobre lo estrictamente económico en la planificación de infraestructuras y la obligación de tener planes de movilidad sostenible para las empresas de más de 200 trabajadores.
El ponente de Sumar Alberto Ibáñez (Compromís) ha proclamado que es una ley que “avanza”, aunque ha advertido de que “no servirá para nada si esta legislatura no desbloqueamos la reforma del sistema de financiación autonómica y municipal”.
Dudas sobre la invasión competencial
Para los grupos nacionalistas e independentistas el riesgo de “invasión competencial” ha sido el principal problema para apoyar esta ley, ya que recoge que las comunidades autónomas serán consultadas en la planificación de infraestructuras, pero no participarán en la toma de decisiones.
Nerea Renteria (PNV) se ha mostrado confiada en que el desarrollo reglamentario “corrija los desequilibrios competenciales” y ha dado su apoyo “desde la crítica constructiva, para no bloquear un avance necesario”.
El representante de Bildu Mikel Otero ha apuntado que “existe riesgo de invasión competencial, pero de alcance limitado”. Otero ha resaltado las mejoras conseguidas de la mano de organizaciones ecologistas y sociales, como la inclusión específica de objetivos vinculantes de mitigación para el sector, el impulso a la electrificación de los puertos y el plan de despliegue de puntos de recarga.
Entre las incorporaciones de ERC, Inés Granollers ha destacado la posibilidad de que los buques apaguen motores en los puertos, la revisión de las etiquetas ambientales de la DGT para incorporar el CO2 y las bonificaciones en los cánones para favorecer cambio de transporte de mercancías por carretera a ferroviario.
El diputado de Junts Isidre Gavin ha asegurado que su grupo “está en todos los proyectos de impulso a una movilidad sostenible, más segura y amable” y se ha congratulado de haber incluido enmiendas que respetan la visión de que el transporte de proximidad se tiene que gestionar desde la proximidad y que reducen la burocracia.
En nombre del BNG, Néstor Rego ha reivindicado la enmienda que garantiza que los trayectos interiores los asumen las administraciones autonómicas con ayudas económicas del Estado y ha resaltado que la ley prevé medidas de compensación para Galicia por el déficit histórico de infraestructuras de transporte ferroviario.
