El fiscal jefe de Seguridad Vial en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Carlos Rodríguez León, ha denunciado que las víctimas de siniestros viales siguen siendo “las grandes olvidadas” tanto para el sistema judicial como para los medios de comunicación, pese al alto número de muertes que cada año provocan los accidentes de tráfico.
Durante la primera mesa redonda del décimo Congreso Nacional de la Asociación de Abogados de Víctimas de Accidentes (ADEVI), celebrada en el Colegio de la Abogacía de Almería, Rodríguez León ha cuestionado que las penas impuestas por homicidios imprudentes en carretera sean “irrisorias”, y ha advertido de que el relato mediático contribuye a reforzar la idea de que estas muertes tienen “menos valor”.
“Explícale tú a una madre que el que mató a su hijo en un paso de peatones va a pagar solo 700 euros de multa”, ha afirmado el fiscal, que ha insistido en que el sistema penal vigente no refleja el verdadero impacto social, personal y familiar de las muertes en carretera.
Rodríguez León ha subrayado que los medios de comunicación juegan un papel clave en la creación de conciencia social, pero ha lamentado que los homicidios viales apenas tengan repercusión salvo que impliquen circunstancias especialmente llamativas.
“Mientras un crimen violento puede ocupar titulares durante semanas, 1.800 muertos al año en accidentes apenas merecen una campaña de la DGT antes del verano”, ha ejemplificado.
Según ha dicho, esta “invisibilización” tiene consecuencias reales: desprotección institucional, sensación de impunidad y dificultades para que las víctimas y sus familias reciban el acompañamiento psicológico, médico y jurídico necesario.
El fiscal ha recordado que la Fiscalía de Seguridad Vial nació en 2007 para unificar criterios y actuar de forma más eficaz frente a este fenómeno, pero ha reconocido que persisten importantes carencias. Una de ellas es la falta de personal médico para realizar pruebas de alcoholemia y drogas en zonas rurales, lo que impide a veces obtener pruebas válidas para enjuiciar delitos graves.
También ha denunciado el “fracaso rotundo” de la educación vial en los centros escolares. Según ha expuesto, en Andalucía hay 1,78 millones de alumnos no universitarios y más de 7.000 centros educativos, pero solo 1.200 aplican programas de seguridad vial y apenas se alcanza a 5.000 estudiantes. “Educamos sobre salud sexual, pero no sobre cómo cruzar la calle”, ha ironizado.
Ha reclamado que se cumpla de forma efectiva la normativa que establece la obligatoriedad de incluir la seguridad vial en el currículo escolar, y ha pedido a las administraciones públicas que destinen recursos suficientes a esta materia.
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Rodríguez León ha defendido la reciente implementación de protocolos de actuación conjunta entre policías, sanitarios, bomberos y Fiscalía para garantizar una respuesta coordinada ante accidentes con víctimas, tanto en la atención sanitaria como en la recogida de pruebas. “Todo lo que no quede reflejado por escrito en un atestado, no existe para el juez. Nosotros no estuvimos allí”, ha dicho.
También ha alertado del riesgo de que las víctimas “sobrevivientes” -aquellas que pierden a familiares en accidentes o presencian los hechos- queden sin atención emocional adecuada, y ha insistido en que “no solo hay que proteger los derechos de quien muere, sino también de quien sufre el trauma”.
El congreso de ADEVI reúne durante dos días a profesionales del ámbito jurídico, sanitario y policial con el objetivo de analizar los avances y desafíos en la protección de los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico.
