La V16 sigue generando polémica. Tanta que hasta los mismos fabricantes de la baliza V16 han alertado de la situación de incertidumbre que existe alrededor del uso de la baliza conectada impulsada por la DGT y el Gobierno, obligatoria desde enero. Según sus estimaciones, la mitad de los conductores no tendría todavía la nueva luz de emergencia homologada en sus vehículos.
En un manifiesto conjunto, empresas como Netun Solutions, Atressa, Distribuciones Escudero Fijo, Turisport, Erum Vial, Hella, Osram y Onexus Geo, integradas en el Grupo de Trabajo Sector V16 Conectada, expresan su preocupación por un contexto marcado por la desinformación y la falta de claridad para el ciudadano, lo que dificulta que millones de conductores comprendan sus obligaciones y sepan cómo actuar correctamente en caso de emergencia.
Su principal reclamación es una mayor claridad normativa, más campañas informativas rigurosas y la despolitización absoluta de esta medida de seguridad vial que ha provocado más de una bronca en el Congreso y el Senado.
El sector advierte de que esta situación no solo afecta a la seguridad vial y a la protección del consumidor, sino también a una industria nacional que ha realizado importantes inversiones en innovación, producción y desarrollo tecnológico bajo un marco normativo definido. En este sentido, subrayan que preservar la confianza en ese marco resulta esencial para garantizar la seguridad jurídica y la competitividad.
Los fabricantes aseguran que, pese a la percepción de obligatoriedad, una parte significativa del parque móvil podría estar incumpliendo la normativa sin ser consciente, debido al desconocimiento sobre qué dispositivos son válidos, cómo deben utilizarse o qué exige exactamente la regulación vigente. Además, alertan de que el uso incorrecto de estos dispositivos, unido a la falta de información, podría incrementar el riesgo en carretera, elevando la probabilidad de siniestros y de atropellos.
Asimismo, rechazan la politización de la baliza V16 conectada, recordando que se trata de una medida desarrollada durante años y respaldada a nivel europeo con el objetivo de salvar vidas. A su juicio, convertirla en un elemento de confrontación política distorsiona su finalidad y resulta irresponsable.
“Transformar una medida diseñada para salvar vidas en un elemento de confrontación política resulta irresponsable. La seguridad de los ciudadanos no puede estar sujeta a intereses partidistas ni a debates que distorsionen su finalidad”, explican.
Por último, critican la confusión generada en torno a posibles sanciones, derivada de declaraciones contradictorias, lo que debilita la percepción de obligatoriedad y puede inducir a errores. Ante este escenario, reclaman una comunicación normativa homogénea, un compromiso institucional firme y campañas informativas claras y sostenidas en el tiempo que permitan a los ciudadanos conocer con certeza sus obligaciones.
