La propuesta de Sumar en el Congreso de los Diputados ha dado que hablar estos últimos días, y parece que la implantación de un sistema de multas progresivas como en Suiza es una posibilidad cercana en España. Esta notable modificación legislativa permitiría ajustar e igualar, en cierta medida, el impacto de los castigos existentes por saltarse la normativa de tráfico en el país.
En resumen, la propuesta pretende incrementar y reducir la cuantía de las multas económicas según los ingresos reales de los infractores. Aquellos que cobren hasta 1,5 veces el salario mínimo podrían beneficiarse de una reducción del 30% del monto actual, mientras aquellos que superen los 100.000 euros de ingresos anuales brutos deberían pagar hasta un 500% más por la misma sanción.
Para facilitar la comprensión de estas medidas propuestas, que se estudiarán los próximos meses en la cámara de representantes y responden a peticiones reiteradas de entes como la Dirección General de Tráfico (DGT), hemos imaginado varios escenarios bajo las distintas categorías establecidas en el borrador del texto.
Las tres tipologías bases de multa, leve (100 euros), grave (200 euros) y muy grave (500 euros) variarían notablemente según la propuesta a la suiza presentada por el grupo parlamentario de Sumar. En las categorías de menos ingresos, la sanción económica para una multa leve pasaría a ser de 70 euros, mientras que la categoría con ingresos superiores a los 100.000 euros brutos anuales debería abonar 500 euros de multa por cualquier infracción leve.
Algunas de las violaciones de la normativa más habituales, como saltarse un semáforo o conducir usando y manipulando con la mano el móvil, tendrían una horquilla de sanciones desde los 140 euros hasta los 1.000 euros según los ingresos del infractor, partiendo de los 200 euros. Superar por más de 0,51 mg/l en aire aspirado la tasa de alcoholemia supondría unas multas que irían, en el nuevo sistema, desde los 700 hasta los 5.000 euros.
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Este tipo de sistema de multas progresivas ya se aplica con éxito en países como Suiza, Finlandia o Suecia. “Es la única forma en que la amenaza de la sanción sirva para disuadir a todas y todos los conductores, sean ricos o no”, explicaban desde Sumar durante la presentación de la propuesta. El Gobierno y los distintos grupos deberán ahora estudiar la propuesta a lo largo de los próximos seis meses para decidir si se tira adelante con la idea.
