La Policía Municipal de Madrid intervino este lunes un taller mecánico en el distrito de Moratalaz de la capital por vender e instalar motores y piezas de motos robadas. Las primeras actuaciones sobre esta trama delictiva han concluido por ahora con la detención de una persona y la investigación de otra por un presunto delito contra el patrimonio, además de la incautación de cuatro motos y seis motores de motocicleta por el momento.
Según indicaron a la agencia EFE fuentes del cuerpo policial, la investigación comenzó en julio del pasado año tras la inspección técnico-policial de una motocicleta cuyo número de bastidor no coincidía con el del motor que llevaba instalado.
Un mecánico sustituye una pieza del motor en una motocicleta: la policía alerta de que no hay precios ‘milagrosos’ en el mercado legalM. Haupt
La Unidad de Policía Judicial del Cuerpo comenzó a investigar cuál podría ser la procedencia de dicho motor y sobre todo dónde había sido instalado, y las pesquisas les llevaron a realizar una entrada y registro en un taller de Moratalaz en el que sospechaban que podía haber un total de 12 motocicletas sustraídas y al menos tres motores de procedencia ilícita.
Este taller contaba -según han indicado fuentes de la investigación- con una línea de negocio B al margen de su actividad legal mediante la que ofrecía recambios y piezas muy por debajo del precio de mercado habitual a aquellos clientes de confianza que podían mantener la discreción, aún a sabiendas de que se trataba de material robado.
La intervención policial, que llevaba meses de seguimiento al taller por ser punto de distribución y almacenamiento de las piezas robadas, se saldó con la detención de uno de los responsables por un delito contra el patrimonio, que ya ha sido puesto a disposición judicial, y la investigación sobre el otro presunto autor de este crimen.
Además, durante el registro que se produjo el pasado 15 de abril, los agentes intervinieron tres motocicletas y seis motores robados y una moto sobre la que pesaba una orden de embargo y precinto debido a una deuda impagada. Varios testigos y perjudicados ya han declarado a la policía, que deja en manos de los juzgados el caso y pide desconfiar de precios excesivamente bajos.
