Las empresas concesionarias de infraestructuras más relevantes en España han coincidido en que el modelo de pago por uso, presente en toda Europa, es la solución para que el país vuelva a tener carreteras y vías de alta capacidad de calidad.
El director general de Autopistas del Grupo Abertis, Daniel Vilanova, comentó en el Foro de Infraestructuras de El Economista que el modelo español actual es “desigual y con agravios territoriales”.
El listado de agravios es largo y notorio según estas empresas, que han visto como en los últimos años muchas concesiones en autopistas y autovías bajo su control volvían a manos del Estado.
Vilanova reconoció que “levantar las barreras” de los peajes ha supuesto incrementos de tráfico “significativos” y “problemas” de seguridad vial, además de congestión de servicios y reducción de recaudación fiscal, ya que cifró en 500 millones de euros al año la contribución al Estado de las empresas concesionarias.
El director para Europa de Sacyr Concesiones, Domingo Jiménez, señaló que España “va en contra” de lo que ocurre en la UE, señalando que un camionero circula gratis “solamente en España, lo que va en contra del sentido común”.
Jiménez consideró que el modelo actual es “ineficiente y asimétrico” y apostilló que “es muy difícil” que solo el Estado pueda soportar unas infraestructuras de calidad.
El director del operador de infraestructura de transporte Aleatica en Europa, Joaquín Gago de Pedro, quiso resaltar que en España existe una “demonización del sector privado” y añadió que esta situación “no ocurre en otros países”.
“Estamos perdiendo competitividad en comparación con otros países y nos vamos a quedar atrás en esa carrera con nuestros competidores”, vaticinó el directivo de la australiana Aleatica.
El socio responsable de Infraestructuras de KPMG en España, Ovidio Turrado, comentó que si se ponen los “mecanismos adecuados hay apetito” por invertir en España “y se pondría el remedio en el déficit que tenemos a medio y largo plazo”.
El director sénior de la inversora en infraestructuras CVC DIF, Raúl Barrueco, hizo hincapié en que el ciudadano debe ser consciente de que las infraestructuras “son caras y tiene que aceptarlo”.
Los directivos de estas empresas también pusieron el acento en la necesidad de una estabilidad regulatoria en España para el sector, de una mayor seguridad jurídica y de ajustar algunos parámetros en la ley de desindexación para que sea rentable abordar los proyectos.
