Hay que decir que el activismo de Francia es digno de admiración. Desde siempre los franceses se han lanzado a las calles haciendo mucho ruido para protestar contra todo aquello que consideren injusto o perjudicial para la sociedad y, desde luego, contra aquellas medidas que afecten a la movilidad.
Ya lo hicieron el siglo pasado contra los aumentos de los peajes, o como en 2018, cuando los ‘chalecos amarillos’ lograron echar atrás la subida de carburantes que quería imponer el gobierno de Macron.
En este contexto no es de extrañar que hasta el año pasado (sí, hasta el año pasado…) los diferentes gobiernos franceses no hayan conseguido instaurar la inspección técnica de vehículos o ITV en nuestro vecino país. Cada intento de aplicarla ha venido acompañado de protestas ciudadanas que han hecho aplazar su entrada en vigor. Finalmente, las presiones de la UE consiguieron que el año pasado se empezaran a inspeccionar los vehículos.
Sin embargo, todavía hay carencias. Los centros de ITV franceses no cuentan aún con toda la maquinaria necesaria para hacer su trabajo, entre ellas la que detecta si un ciclomotor está limitado a los 45 km/h máximos permitidos.
Esta prueba requiere de un banco de potencia de rodillos que mide tanto la velocidad como la potencia, y su coste no es menor. Y para los centros de ITV, es una inversión considerable.
Lo mismo sucede con el control de nivel máximo de ruido, que aún no está operativo. Es decir, que las ITV francesas todavía funcionan a medio gas.
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Y por cierto y ya lo comentamos el pasado año, que otro vecino nuestro, Portugal, votó en contra de la implementación de la ITV… Sí, en el país luso no tienen ITV.
