La reciente actualización del Reglamento General de Circulación aprobado por el Gobierno de España tras la iniciativa de la DGT ha sido recibida con buenos ojos por el sector de las motos en el país. “Es una norma que el sector respalda porque contribuye a mejorar la seguridad de los motoristas”, explica José María Riaño, secretario general de la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (Anesdor).
La patronal valora el avance normativo propulsado por la Dirección General de Tráfico, si bien señala que la concienciación social y la mejora de las infraestructuras son todavía retos pendientes para mejorar ostensiblemente la seguridad del colectivo motero en las carreteras.
“Que el Real Decreto los reconozca legalmente como usuarios vulnerables es un primer paso importante, pero su protección tiene que implicar a todos los conductores. En 6 de cada 10 accidentes de moto, el responsable es el conductor de otro vehículo, por lo que es fundamental reforzar la concienciación social”, señala Riaño.
Anesdor pide avances en el denominado Sistema Seguro de referencia, que arranca con aumentar las políticas integradoras de la moto, olvidada en normativas clave como la Ley de Movilidad o los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Tampoco observa soluciones efectivas al envejecimiento del parque de motos del país, que tiene una edad media de 17,8 años y señala una urgencia para presentar planes de renovación efectivos.
José Correia Luis, presidente de Anesdor, y José María Riaño, secretario general de la asociaciónANESDOR
Otros puntos relevantes según la patronal son la actuación contra los conductores de otros vehículos que no respeten la convivencia con los usuarios vulnerables de la vía, y la reivindicación más notoria se centra quizás en las infraestructuras, donde hacen falta auditorías desde la perspectiva motoristas y mayores actuaciones contra el déficit de mantenimiento, “que cuesta demasiadas vidas”.
“Ese primer paso debe extenderse a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que también tienen competencias y deben empezar por incorporar la moto a la planificación de sus políticas de movilidad y seguridad vial. Además, hay un problema común a todas las administraciones: unas infraestructuras que, en muchos casos, siguen siendo deficientes y provocan o agravan notablemente las consecuencias de los accidentes”, subraya Riaño desde la patronal.
